La Ministra de Educación, Carla Hananía, y el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Arturo Salazar, informaron en conferencia de prensa las acciones que ambas instituciones del Estado llevan a cabo para garantizar y proteger los derechos de los padres de familia como consumidores de servicios en instituciones educativas privadas.
La crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 ha afectado los bolsillos de los padres de familia, sobre todo de quienes han matriculado a sus hijos en colegios privados. En los últimos días, se han incrementado las denuncias hechas a instituciones privadas; por tal razón, el Ministerio de Educación (MINED) junto a la Defensoría están trabajando de manera coordinada para velar porque se cumplan los derechos de los padres de familia.
la Ministra informó que, como MINED, «tenemos nuestro call center en el que hemos recibido (a la fecha) 513 quejas de padres de familia sobre la obligatoriedad en la compra de libros impresos y digitales, con costos elevados; además, se han recibido denuncias sobre la obligatoriedad en la compra de uniformes de uso diario, exigencia en la compra de materiales de limpieza, kits de bioseguridad y otros. También se registran 38 denuncias de incrementos de colegiaturas y matrículas».
Durante la conferencia, la titular manifestó que la compra de un uniforme no debe condicionar la prestación de un servicio educativo, ni tampoco el uso de libros de cierta editorial debe incidir en los aprendizajes que los estudiantes van a asimilar durante el año escolar. Todos los materiales educativos son para apoyar los procesos de aprendizaje, pero no pueden presentar una carga desproporcionada para las familias.
En cuanto a las cuotas escolares, ninguna institución privada está autorizada para incrementar las cuotas de matrícula o de las mensualidades, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia. Además, todo incremento en cuotas siempre debe estar vinculado con la mejora en el servicio educativo que se brinda.
Por ello, la Ministra recordó a los propietarios de colegios privados el artículo 100 –A, de la Ley General de Educación, el cual señala que «todo centro privado de educación que ejecute aumentos de matrícula o cuotas en contravención a esta Ley, previa comprobación, será sancionado. La primera vez, la multa es de 5 mil dólares; en caso de reincidencia es de, al menos, 10 mil dólares y cuando la infracción fuera una tercera vez, se hará la revocatoria de la autorización del funcionamiento del centro educativo».
«Esta misma Ley señala, en su artículo 98 literal F, como una falta muy grave, obligar a los alumnos o padres de familia a adquirir, en la tienda escolar del centro educativo, útiles, vestuario, artículos y enseres que demanden dicha institución. Esta situación también es regulada y multada por el MINED, la sanción va desde la amonestación pública y la multa va de $571.43 hasta $11,428», agregó la Ministra Hananía.
Por su parte, el Presidente de la Defensoría del Consumidor señaló que estarán «vigilantes en este inicio de clases, en lo que hemos denominado “Nuestra defensoría escolar 2021”, un esfuerzo que busca prestarle atención a todas aquellas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor que están enmarcadas en nuestra Ley y le brinde esos elementos de seguridad en el consumo, sobre todo en los temas relacionados en la compra de útiles en librerías, supermercados y en otros establecimientos formales que se dedican a la venta de estos artículos».
«Estaremos realizando servicios de información, asesoría y atención de denuncias. Tenemos programadas más de 60 jornadas de puntos fijos de todo el país, para que nuestra población tenga de manera inmediata la atención en estos puntos. También, tenemos planificados nuestro plan de inspección; estaremos realizando no menos de 500 inspecciones en las próximas semanas, así como también sondeos y su divulgación», dijo Salazar.
De igual manera, la Ministra de Educación dijo que «todos estamos conscientes y sabemos que la crisis económica causada por el COVID-19 ha afectado a muchos padres de familia; por eso, acá estamos junto con la Defensoría del Consumidor, hemos escuchado a los padres de familia y les decimos que vamos a recibir todas sus denuncias y vamos a tomar medidas para protegerlos como consumidores».
Sin embargo, la funcionaria recordó a los padres de familia que, así como tienen derechos como consumidores, también tienen deberes como tales: «El COVID-19 ha afectado a todos en general y estamos también conscientes de la afectación que tienen los colegios y, en ese sentido, también hacemos un llamado a los padres de familia a que —si bien estamos velando por sus derechos— también vamos a velar por los derechos de los centros educativos privados, en el sentido que, si ustedes han adquirido un compromiso de matricular a sus hijos, aunque la educación sea virtual, ustedes tienen la obligación de pagar las cuotas y la matrícula».
El MINED tiene el compromiso de garantizar el derecho a la educación a todas las niñas, niños y jóvenes, mientras que la Defensoría del Consumidor debe velar porque se cumplan los derechos de los consumidores; en este caso, el de los padres de familia, quienes pagan un servicio educativo privado.