La Ministra de Educación, Carla Hananía, en coordinación con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, sostuvo una reunión con representantes de las Instituciones de Educación Superior y (IES) y miembros del Movimiento Universitario de El Salvador (MUES).
La reunión se llevó a cabo de manera virtual, y tuvo como eje principal la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes, a fin de atender los problemas académicos y el impacto económico que la pandemia de COVID-19 ha causado a la comunidad universitaria.
«Me siento muy contenta, satisfecha y agradecida con todos ustedes por estar presente, porque el solo hecho de que estemos todos es, desde ya, el primer éxito (…) Yo creo que en un ambiente en el que lo que más escasea es el diálogo, el ejemplo tiene que salir de Educación, y con esto estamos sentando precedente», expresó la Ministra Hananía, al inicio de la reunión.
La funcionaria señaló también que la única manera de resolver esta situación generada entre las instituciones de Educación Superior y sus alumnos? es: «Sentándonos, dialogando y siendo empáticos. Yo lo dije desde un principio y me siento muy contenta que esto se esté realizando».
«Hemos estado trabajando, buscando soluciones. Quiero agradecer a los rectores de las universidades que han estado dispuestos a este diálogo, la muestra es que están aquí. Quiero contarles lo que hemos estado haciendo, pero antes reiterarles cuál es nuestro rol como Ministerio de Educación (MINED), hemos tratado de ceñirnos a lo que la Ley nos mandata».
De acuerdo a la Ley General de Educación, en su Art. 61, y la Constitución de la República, la Educación Superior se regirá por una Ley Especial, excepto la Universidad de El Salvador que goza de autonomía; por otro lado, la Ley de Educación Superior, en su Art. 25, manifiesta que las universidades estatales y privadas están facultadas para determinar la forma de cómo cumplirán sus funciones de docencia, investigación y proyección social. Y en cuanto a las proposiciones de planes y programas de estudio, es allí donde entra el Ministerio de Educación, sus estatutos y reglamentos; lo mismo que la selección de su personal, entre otros, corresponde a cada institución.
Es en este marco que el MINED, en coordinación con la IES, ha buscado acercamientos. Uno de los primeros pasos fue exponer a los rectores de las Instituciones de Educación Superior privadas las dificultades que enfrentan los estudiantes, la importancia de supervisar la calidad de las clases que imparten (desde las plataformas digitales) e instarlos a mejorar y promover el diálogo con los alumnos para que, conjuntamente, encuentren una solución integral.
Hasta ahora, se ha contabilizado la atención de más de 250 denuncias formales presentadas por universitarios contra 25 Instituciones de Educación Superior. A todas las denuncias se les ha dado seguimiento. Esto ha permitido que, por medio del diálogo y la intermediación, la mayor parte de estas se hayan resuelto a favor de los estudiantes.
Los casos evidencian problemas con la metodología y plataformas utilizadas por las universidades para garantizar la continuidad educativa, cobros por servicios que no se reciben uso de parqueo, uso de laboratorios, entre otros, cobro por actos de graduaciones que no cumplen con las condiciones acordadas, aranceles, entre otros.
Además, se han recibido denuncias de universidades que han realizado cobros de gastos de graduación que incumplen las condiciones acordadas; así como también de disminución de aranceles de diversos servicios educativos para el ciclo II de algunas universidades.
Todo esto originó que se construyera de manera conjunta entre el MINED, la Defensoría del Consumidor y en coordinación con las IES, a través del Comité de apoyo a procesos de atención al estudiante desde las IES el Protocolo de Atención a Estudiantes con Problemas Económicos y Académicos Ante la Situación de la Pandemia Covid-19.
El objetivo del protocolo es estandarizar el mecanismo de atención de las IES para abordar, de manera adecuada y directa, los casos de quejas presentados por los estudiantes.
Dicho protocolo contiene la ruta de trabajo para brindar atención al estudiante a nivel interno, que conlleva a la solución de las dificultades planteadas; proceso que tendrá un tiempo máximo de 18 días en tiempo de respuesta.
Para administrar con más eficacia el abordaje de las inquietudes y denuncias que se presenten, se cuenta con la mediación de la Defensoría del Consumidor, para dirimir las controversias, mayormente encaminadas a señalar inconveniencias entre la oferta académica de la institución donde están matriculados y los servicios que estas les brindan.
«De parte de la Defensoría del Consumidor, agradezco al Ministerio de Educación estar compartiendo con ustedes. Este es un esfuerzo inédito; pues, por primera vez, de manera conjunta tenemos la posibilidad de atender una serie de situaciones que, en este caso, el sector estudiantil ha planteado. El tema educativo es un tema central que no se puede postergar», manifestó el Presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar.
«Para nosotros son importantes iniciativas como la que hoy se ha dado a conocer ?el Protocolo de Atención?, que es un elemento que facilita la atención de situaciones de reclamos (…) En la medida que podamos tener claridad en estos temas, por parte de las instituciones educativas, para poder prestar los servicios, definir aranceles acordes a lo que en esta nueva realidad se pueda prestar; en la medida en que conozcamos claramente estos servicios educativos y los alcances en la legislación en estos temas, y en la medida que podamos cumplir con este protocolo, creo que vamos a lograr solventar estos puntos», concluyó Salazar.
Por otra parte, la Ministra Hananía señaló que es inviable financieramente subsidiar el 50% de la matrícula a los estudiantes con los fondos de presupuesto escolar o del programa de los paquetes escolares del Ministerio de Educación, tal cual lo han señalado los diputados de la Comisión de Cultura y Educación, ya que están comprometidos para el pago de los salarios de los trabajadores de los centros educativos y para el pago a los proveedores de los proveedores de los uniformes y zapatos que se les entrega a los estudiantes.
En este tema, Ángel González, miembro de MUES, presentó dos propuestas: la primera es la disminución de la cuota en un 50% para un 25% de la población universitaria con fragilidad económica; y, la segunda, se refiere a una reducción de cuotas escalonada, en la que el bloque A es del 45%; el B de 40%; el C de 30% y el bloque D del 25; esto en relación al excedente que presentan cada una de las universidades.
«Esta propuesta lo que implica es focalizar el subsidio ( ) Nosotros les vamos a mandar todo el documento y la investigación que hemos hecho, por si tienen alguna duda, pero nos hemos basado en datos que son infalibles y el aparato económico también. Hemos trabajado esta propuesta con Martín Velasco durante dos semanas», expresó González.
Como Presidente del Consejo de Educación Superior, el Padre Andreu Oliva dijo que: «Ha sido bien importante poder tener esta reunión y escuchar las participaciones de la Ministra, del Presidente de la Defensoría del Consumidor y también los aportes de los estudiantes del Movimiento Universitario de El Salvador, me ha gustado la seriedad y el esfuerzo que han hecho para proponer alternativas que puedan ser beneficiosas para todas las partes».
Asimismo, el Padre Oliva expresó que, junto a los demás miembros del Consejo de Educación Superior, en el que se reúnen representantes de las IES, del MINED y de las asociaciones profesionales del país, vienen analizando esta situación desde que inició la pandemia en El Salvador, «desde ahí hemos podido ver el interés de las IES por resolver los problemas de sus estudiantes (…) Considero que este diálogo ha sido muy interesante y que tenemos que seguirlo realizando», concluyó.
Para finalizar, se acordó establecer una comisión técnica representada por los sectores involucrados para trabajar los temas y buscar alternativas acordes a las necesidades de este sector.
